Este lunes el presidente Enrique Peña Nieto promulgará el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Se trata del primer paquete de leyes secundarias para prevenir, investigar y sancionar los casos de corrupción, no sólo en las estructuras públicas, sino también en los que participen particulares.

Con el nuevo marco jurídico se crea un sistema como instancia de coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, el cual establecerá las bases para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas, así como en la fiscalización y control de recursos públicos para garantizar su vigilancia.

El SNA estará integrado por un Comité Coordinador, presidido por un ciudadano representante del Comité de Participación Ciudadana, con lo que auguran mayor certeza. También formarán parte de éste los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; de la Secretaría de la Función Pública (SFP); el representante del Consejo de la Judicatura Federal; la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La presidencia del Comité Coordinador durará un año y será rotativa entre los miembros del Comité de Participación Ciudadana.

También se creará el Sistema Nacional de Fiscalización que permitirá optimizar la labor de las autoridades de auditoría, control, vigilancia y fiscalización del gasto federal.

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que serán nombrados por el Senado, no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los gobiernos federal, local o municipal; tampoco podrán tener otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva.

Además se contará con una Secretaría Ejecutiva como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a efecto de proveerle de asistencia técnica y de los insumos necesarios para el desempeño óptimo de sus atribuciones.

El nuevo sistema contará con una Plataforma Digital Nacional, la cual contendrá el sistema de evolución patrimonial, de declaración de interés y constancia de presentación de declaraciones fiscales; así como un sistema de denuncias para prevenir e investigar posibles faltas administrativas y casos de corrupción.

Ahora por ley todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno deberán presentar y hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal; salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

Ese fue uno de los temas más polémicos durante todo el proceso de discusión y aprobación de las leyes complementarias, ello luego de que más de 634 mil ciudadanos apoyaron a organizaciones de la sociedad civil para presentar la iniciativa ciudadana Ley 3de3 como herramienta para combatir la corrupción.

Después de las observaciones hechas por el Ejecutivo al artículo 32 de esta ley, se eliminó la obligación para que personas físicas y morales que reciban recursos públicos o celebren contratos con los tres niveles de gobierno presenten su declaración patrimonial, de interés y fiscal.