Una protesta con bocinas de automóviles y golpes de cacerolas se escuchó este jueves contra el alza de las tarifas eléctricas y de gas.

En ese contexto, el juez Luis Federico Arias, de la ciudad de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires), declaró la nulidad del alza de las tarifas eléctricas en esa provincia y ordenó a las empresas que se abstengan de emitir nuevos aumentos y que devuelvan a los usuarios el dinero percibido por los incrementos, además de llamar a audiencias públicas para fijar nuevos precios.

El tarifazo de gas y electricidad, con alzas del 1000 por ciento o más, se ha convertido esta semana en el gran tema de la Argentina: las asociaciones de consumidores y una parte del Poder Judicial están de un lado; el gobierno y las empresas, de otro.

El presidente Mauricio Macri sostiene que Argentina tenía en sus tarifas precios irreales (con valores de 5 dólares promedio, un precio que no se tocaba desde hacía diez años), pero aceptó poner un tope del 400 por ciento para la suba de las tarifas del gas.

“El salario mínimo en Argentina hoy es de 6 mil 50 pesos [400 dólares al mes] y si una gran proporción de eso se va en pagar los servicios y el alquiler, no se puede comer. Por lo tanto, el tarifazo afecta derechos básicos”, explicó el juez Arias. Agregó que el caso podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El tarifazo se debe a que, para ahorrar dinero, el gobierno eliminó la mayoría de los subsidios a los servicios públicos, que representaban cerca del 4% del PIB del país.