QUINTANA ROO.- En marzo de este año, ocho policías estatales de Quintana Roo se infiltraron entre los empleados y los guardias de seguridad de un negocio en la Riviera Maya. Durante ocho días investigaron a un grupo dedicado al “cobro por derecho de piso”, una de las 12 modalidades de extorsión identificadas por las autoridades del estado. Cuando los agentes lograron la evidencia suficiente para detenerlos, esperaron a que el grupo cobrara la “cuota” y se alejara del lugar para que el operativo que se había montado después de la denuncia de unos dueños hartos y temerosos pareciera una detención producto de la casualidad.
Los policías interceptaron a una camioneta que simulaba ser un transporte público en el que viajaban 12 personas. Fue en la carretera federal a la altura de Playa Paraíso, el arenal más emblemático de Tulum, el símbolo del turismo ecochic de la joya turística de México. El líder del grupo, que viajaba en un coche particular, también fue capturado. Todos los detenidos fueron procesados por el delito de extorsión y están en prisión preventiva.
Un tiempo después, otro hombre llegó al mismo negocio con la misma intención que el grupo anterior: extorsionar. Los guardias de seguridad lo agarraron y lo entregaron a la policía. De todos modos, los dueños decidieron marcharse a Mérida, Yucatán, durante un tiempo.
La historia anterior la cuenta a modo de ejemplo el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández. “El cobro de piso es un problema muy grave que los empresarios siempre nos refieren, pero no nos denuncian”, dice. Hernández admite que la cifra de casi un 99% de los casos que se mantienen en silencio tiene una doble explicación: el temor a los extorsionadores y la desconfianza de las víctimas hacia las autoridades: “[Los empresarios] con la policía municipal no se quieren meter para nada. También nos han platicado con Óscar [Montes de Oca, Fiscal general de Quintana Roo] frente a mí, en las reuniones que hemos tenido, que no pueden confiar en los ministeriales o en algunos ministerios públicos”.
“Es una impotencia enorme cuando logramos dar con ellos [los extorsionadores] y no tenemos la denuncia. Al día siguiente salen libres y crecidos”, dice Hernández.
El año pasado, según el Observatorio de Seguridad y Género de Quintana Roo (OSEGE), el estado fue el segundo con mayor número de carpetas de investigación sobre extorsión por cada 100,000 habitantes. En el primer semestre de este año, de acuerdo con la misma institución, los casos se han reducido un 62%. Pero los datos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado dicen que las llamadas al 911 relacionadas con este delito en el mismo periodo aumentaron un 49%. Según sus estadísticas, entre un 8% y un 12% de las víctimas decidieron hacer el pago exigido. La mayoría se concentran en Cancún y en el municipio de Solidaridad, donde está Playa del Carmen.
James Tobin, integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), asegura que “extorsionan de chile, de mole y de manteca”. Lo mismo cobran cuotas al Spiderman o al Batman que animan afuera de los antros que a los restauranteros y hoteleros. “Van de 200 pesos al día al He Man o al Hombre Araña; 25, 50 o 100 mil pesos a los negocios. Imagínate con 10 negocios de estos…un millón de pesos mensuales”, dice.
En el municipio de Solidaridad operan siete mil negocios. El problema más agudo, según todos los entrevistados para este reportaje, se vive en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, un corredor turístico de 4.5 kilómetros, en donde se concentran más de 700 establecimientos comerciales entre restaurantes, joyerías, tiendas de artesanías, plazas, boutiques, galerías, casas de cambio, zapaterías y perfumerías. Antes de la pandemia, transitaban por ese corredor 12 mil personas al día, el 80% turistas.
Ninguna actividad, de acuerdo con Jobin, escapa a la extorsión: los concesionarios de zona federal marítimo terrestre, los spas, los bares “y el señor del puesto de tacos”. “En la Quinta tenemos ambulantes, te ofrecen droga, niñas, niños… ¿que somos, ciegos o qué? ¿Por qué no se toman cartas en el asunto? Esta gente de plano te canta ‘si tú te quieres poner aquí, me vas a pagar tanto y además tienes que vender esto y lo otro’”.
Desde hace al menos tres años, otro de los objetivos de los extorsionadores han sido los trabajadores de la construcción. Lucio Hernández dice que, por ejemplo, la constructora encargada de las obras del hotel Nickelodeon, inaugurado en la Riviera Maya bajo un concepto inspirado en personajes de caricatura como las Tortugas Ninja, Bob Esponja y Dora la Exploradora, fue víctima de extorsión, lo mismo que los más de mil trabajadores de la obra. Incluso, uno de los socios del resort fue extorsionado.
De acuerdo con una investigación periodística publicada el pasado 27 de marzo por Connectas, en alianza con varios medios mexicanos, entre ellos EL UNIVERSAL, el esquema extorsivo aplicado a los obreros consiste en exigirles cuotas semanales e incluye el reclutamiento forzado para la venta de droga, la vigilancia o hasta el sicariato. Las autoridades detectaron el delito por primera vez en Isla Blanca, zona continental de Isla Mujeres, pero, según la misma investigación periodística, se ha extendido al menos por ocho centros de hospedaje.
¿Quiénes extorsionan?
La amenaza de causar daño si no se acepta pagar —desde atacar un negocio, incendiándolo, por ejemplo, hasta lastimar a la víctima o a sus familiares—; el pago por protección (cobro por derecho de piso) para evitar que otro grupo delincuencial atente contra el establecimiento; la exigencia de dinero a cambio de un familiar secuestrado o la usurpación de la identidad de un supuesto familiar que pide ayuda. También solicitar dinero para recibir un envío de paquetería, por haberse ganado un premio, porque un familiar viajará y necesita cierta cantidad o por una promoción vía internet.
A través de las llamadas telefónicas al 911, las autoridades de Quintana Roo han clasificado las anteriores modalidades de extorsión. Las más practicadas, según las estadísticas de la Secretaría de Seguridad del estado, son el cobro de piso y las que incluyen algún tipo de amenaza física. En el negocio extorsivo participan, principalmente, tres grupos de la delincuencia organizada pero también existen delincuentes comunes que se hacen pasar por cárteles.
“Muchos de ellos se dedican al narcomenudeo. Los centros penitenciarios están llenos”, dice Lucio Hernández. En el caso de las extorsiones telefónicas, la mayoría proviene de centros penitenciarios de otros estados, como Tamaulipas, Jalisco o Ciudad de México.
Para intentar paliar el delito, los números reportados por las víctimas de extorsión nutren una base de datos de una plataforma para identificarlos con mayor rapidez. El gobierno estatal diseñó también una aplicación digital antiextorsión, lanzada en 2020, que permite advertir al usuario si el número telefónico que reportado está registrado en la base y despliega un mensaje de alerta.
Pero estas medidas no han logrado romper la barrera del silencio. Incluso entre los propios colectivos de empresarios como la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) las faltas de denuncias son una constante. Juan Carlos Hernández, presidente de Canirac en Playa del Carmen, relata que de los 150 afiliados que tienen en la ciudad, solo han recibido un máximo de 12 denuncias, aunque ha habido varios casos de empresarios que han cerrado sus negocios, emprendedores que han frenado la apertura de sus proyectos y propietarios que se han marchado a Yucatán o Querétaro.
El silencio, para James Tobin Cunningham, ha empoderado a los extorsionadores. “Los delincuentes buscan hacerte sentir que estás vulnerado, porque te tomaron fotos, porque te dicen que saben de tu familia, te dan sus nombres y te siembran terror. Si les pagas una o dos veces es muy difícil que paren”.
Cancún y Playa, dos símbolos turísticos en la mira del crimen
El pasado 12 de septiembre un operativo en la Quinta Avenida de Playa del Carmen contra el narcomenudeo y la extorsión acabó con la detención de 26 personas. Uno de los detenidos, dijo el fiscal, Óscar Montes de Oca, será acusado también de un doble homicidio. En el operativo participaron el Ejército, la Marina, la Fiscalía y la policía estatal. La policía municipal, señalada por corrupción por varias fuentes de este reportaje, no fue incluida o no accedió a colaborar, de acuerdo con cámaras empresariales locales. Al día siguiente, en un segundo operativo que se extendió hacia las calles que dan acceso a la zona federal marítimo terrestre, las autoridades retiraron los camastros y sombrillas instaladas ilegalmente en las playas.
Estos episodios son una muestra de cómo desde hace una década el crimen organizado se ha incrustado en varias zonas del corredor turístico más internacional de México. En Cancún, la avenida Yaxchilán se volvió un espacio de homicidios, tiroteos, ataques a comercios y extorsiones que ahuyentaron poco a poco a locatarios, turistas y residentes. Hoy la zona subsiste sin su esplendor original.
Según los datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, delitos como el secuestro, la extorsión, los feminicidios, la trata de personas en sus diferentes modalidades, la venta de drogas, las “ejecuciones y las desapariciones forzadas por particulares han llegado a picos en los últimos seis años y, aunque Quintana Roo está lejos de la incidencia delictiva de otros estados del país, los delitos también se han diversificado hasta llegar al mar.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), Iván Ferrat, dice que existen nuevas formas de robo a través de motos acuáticas que, durante la noche, hurtan piezas de yates e incluso las propias embarcaciones. El 9 de septiembre pasado tres personas armadas asaltaron a una familia que se encontraba al interior de su yate, anclado en el área de Punta Nizuc, en la tercera etapa de la zona hotelera de Cancún. Entre amenazas de arrojar al mar a la familia, saquearon la embarcación.
Más allá del sube y baja de las cifras, la percepción es de inseguridad: la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana publicada por el INEGI el pasado 19 de julio ubicó a Cancún como la segunda ciudad en México donde su población se sentía más insegura.
“Hacen falta acciones contundentes”, dice Lenin Amaro, presidente del Consejo Coordinador de la Riviera Maya (CCERM), quien se queja de la falta de coordinación entre las diferentes autoridades y los partidos políticos. Amaro también enfatiza la necesidad de la denuncia para combatir la extorsión, pero, dice, “entiendo a quienes no lo hacen, porque no es fácil ponerte en riesgo; más cuando sospechas de la autoridad”.
En medio de este contexto el cierre de negocios ha sido una constante. Amaro Betancour, integrante del CCERM, señala que solo en 2020 cerraron el 25% de los negocios en la Quinta Avenida entre la pandemia, las obras de remodelación de la calle y la extorsión.
Para Juan Carlos Hernández, presidente de la Canirac en Playa del Carmen, “es difícil saber cuántos negocios han cerrado por la delincuencia porque, además, así como cierran, se abren otros nuevos; es muy dinámico el movimiento”. Pero admite que la extorsión está tan extendida que hay empresarios que dentro sus gastos presupuestan una cantidad para pagar la cuota.
Este reportaje forma parte de #ImpuestoCriminal, un proyecto de México Evalúa que investiga lo que está detrás de un delito que se extiende en el país, pero que no se denuncia: la extorsión empresarial.
Mantente informado las 24 horas, los 7 días de la semana. Da click en el enlace y descarga nuestra App!
