CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) ha destinado alrededor de 49.6 millones de pesos en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la madrugada del 27 de septiembre de 2014, revela un informe de esa dependencia obtenido por EL UNIVERSAL vía Transparencia.
Esta información permite establecer que cuesta más espiar a un periodista que investigar el paradero de un normalista de Ayotzinapa. The New York Times señaló hace unos días que hackear un celular con el programa Pegasus significa una inversión de aproximadamente 1.4 millones de pesos, en contraste, los datos proporcionados por la PGR apuntan a que las indagatorias sobre los hechos de Iguala, Guerrero, le significaron al erario una inversión de 1.1 millones de pesos por estudiante desaparecido.
Expertos en temas de seguridad y justicia hacen notar que hasta el momento hay 130 detenidos y ningún sentenciado.
La PGR reporta que, del gasto total en la búsqueda de los normalistas, destinaron 10.08 millones pesos en viáticos, lo que corresponde a pasajes, comida, hospedaje, entre otros.
Las cifras oficiales proporcionadas a este diario se desprenden en específico de dos de las cinco subprocuradurías que tiene la PGR. La primera de ellas es la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a través de su Unidad Especializada en Investigación en Delitos en Materia de Secuestro y la Coordinación General en Servicios de Apoyo. Ambas áreas presentan gastos en 2014 y 2015 por 3 millones 212 mil 840 pesos en viáticos, es decir: hospedaje, alimentación y traslados, con un millón 307 mil 365 pesos en el primer año, y un millón 905 mil 475 pesos en el segundo.
Ellos pagaron 16 mil 830 euros (308 mil 236 pesos) a la Universidad de Innsbruck, con sede en Austria, por el análisis del ADN mitocondrial en los restos óseos encontrados en el basurero de Cocula, Guerrero.
La segunda subprocuraduría que ha destinado recursos para la investigación de los normalistas desaparecidos, según la respuesta de la PGR vía Transparencia, es la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC).
Ellos gastaron de noviembre de 2015 hasta el pasado 15 de mayo 44 millones 201 mil 632 pesos en salarios, lo que equivale a cuatro veces más el presupuesto que recibió la Dirección General de Especialidades Médico Forenses de la misma PGR en 2016. Más un millón 348 mil 168 pesos en viáticos, pasajes y otros gastos.
El resto, 601 mil 822 pesos, corresponde a los servicios de tecnología de Light Detection and Ranging (Lidar, por sus siglas en inglés), usado para definir la superficie del terreno en el basurero de Cocula.
Todo ese gasto del gobierno federal en busca de darle solución al caso de los 43 normalistas desaparecidos es casi el total del presupuesto que se ha invertido en dos años para la búsqueda de personas desaparecidas en todo el país: Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en 2016, 28 millones, y en la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en 2017, 26 millones, lo que suma 54 millones de pesos.
A esta cantidad se suman los recursos ejercidos bajo el esquema de Gastos en Seguridad Pública y Nacional previsto en el artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, catalogada como información reservada por motivos de seguridad nacional.
De octubre de 2014 a febrero de 2015 la Policía Federal Ministerial gastó, de acuerdo con la información obtenida, 5 millones 525 mil 166 pesos en los viáticos de 140 elementos desplegados en todo el estado de Guerrero para la búsqueda de los jóvenes desaparecidos.
El pasado 8 de mayo este diario informó, a partir de una investigación de la PGR, cómo se había realizado la operación donde se encontró que al menos dos de los testimonios clave para la conocida “verdad histórica” habían sufrido tortura para dar su declaración, y donde se narraban otras irregularidades en el proceso encabezado por Tomás Zerón, quien era director de la Agencia de Investigación Criminal.
Un día después Alfredo Higuera, fiscal especial del caso Iguala, declaró que aunque hubiera habido tortura hacia las personas que dieron testimonio, la indagación continuaría firme. “Lo natural de una declaración obtenida bajo tortura es la nulidad”, señaló.
A dos años y nueve meses de los hechos ocurridos en Iguala, el abogado de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales, dice en entrevista: “Me parece que esos recursos [los 49 millones] son poco para dar justicia, consolidar el sistema de justicia e instrumentar políticas públicas y medidas, de tal manera que no se vuelvan a repetir esos hechos. Esos recursos son limitados, insuficientes, para lograr estos objetivos”.
El abogado Rosales explica que el gobierno ha hecho expedientes voluminosos, pero investigaciones deficientes:
“Se han manipulado evidencias, lo que ha conducido al desconocimiento, hasta ahora, de la verdad. De todos los recursos que el Estado ha dispuesto para el caso, de todas las acciones realizadas, hoy en día lo cierto y concreto es que no tenemos el menor indicio de dónde se encuentran los estudiantes.
“Tenemos una tesis del basurero de Cocula cuestionada e incapaz de mantener una perspectiva o una luz de verdad para los familiares. Tenemos nuestras líneas de investigación que estamos impulsando. Vamos para tres años…”.
El experto en seguridad nacional, Alejandro Hope, cuestiona el citado gasto de la PGR:
“Estás hablando de 50 millones de pesos que ellos reconocen, ¿cómo calculan estos gastos? ¿Cuántos ministerios públicos han trabajado, cuántos delitos han sancionado, cuánto tiempo del subprocurador se dedicó a esto? ¿Cuántas sentencias condenatorias hay? Ninguna. Aunque sea primera instancia. Yo creo que cero. Sí son 50 millones, pero ¿se sancionaron a los responsables y restableció la confianza, un principio de verdad? Pues no. Pueden ser tres millones o 50. Es dinero mal gastado”.
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