CIUDAD DE MÉXICO.-El órgano de gobierno del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) designó a Ricardo Salgado, ex abogado del extinto IFAI, como titular de la Secretaría Ejecutiva del sistema; sin embargo, el proceso fue cuestionado por expertos y organizaciones por no estar apegado completamente a los principios de transparencia.
Mauricio Merino, investigador del CIDE, pidió al Comité de Participación Ciudadana del SNA y al órgano de gobierno, dar conocer las razones y las cédulas de calificaciones de los aspirantes que los llevaron a tomar esa decisión.
“A todas luces, la crítica que se había venido levantando puede y debe ser subsanada por el comité abriendo todas las cartas y las razones que llevaron a esa designación. Nos deben explicar con el más absoluto detalle cada paso, cada decisión, cada cédula, cada criterio utilizado, porque no es razonable que un comité que llega a dar ejemplo de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción cejara los procedimientos a esos objetivos”, aseguró.
Arturo González de Aragón, ex titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), advirtió que “la designación de Salgado como secretario técnico del SNA, es un nuevo error porque se repite el reparto de cuotas entre cuates”.
“El hecho de que no hayan transparentado las cédulas es muy preocupante. Si no hay altura de miras no se puede avanzar. Tenemos que ver con esa perspectiva lo delicado que es el problema de la impunidad y de la corrupción. No ver así será peor”.
Ayer, el Órgano de Gobierno del SNA —conformado por los titulares del Comité de Participación Ciudadana, el Inai, la ASF, la SFP, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa— votaron por unanimidad la designación de Salgado Perrilliat como secretario ejecutivo del SNA por un periodo de cinco años.
Salgado Perrilliat era uno de los tres integrantes de una terna formada por los investigadores Max Káiser, propuesto por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), y Alejandra Rascón, propuesta por Transparencia Mexicana, que seleccionó el Comité de Participación Ciudadana.
Como parte del SNA, el secretario ejecutivo será la mano derecha de Peschard Mariscal y ejecutor de las políticas en prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del Comité Coordinador.
Además, administrará la Plataforma Nacional Digital, la herramienta tecnológica donde estará albergada toda la información de las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal de los servidores públicos, así como aquellos que hayan sido sancionados.
Salgado Perrilliat fue propuesto por la presidenta del Consejo de Transparencia Mexicana, María Marván, y el director ejecutivo de esa organización, Eduardo Bohórquez.
Peschard Mariscal dijo que se tomó en cuenta para elegirlo, el conocimiento en materias de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como experiencia y participación en órganos colegiados y con organizaciones de la sociedad civil
Haydeé Pérez, directora Ejecutiva de Fundar, consideró que en lo general el proceso fue transparente y bien llevado, pero coincidió con Merino en que faltó dar a conocer las cédulas de evaluación de los aspirantes.
“Queda pendiente dar a conocer las cédulas de evaluación de cada uno de los aspirantes y el proceso de evaluación de esa terna, así como las cédulas ocupadas para designar al secretario, esos son documentos que deben conocerse para rendir cuentas sobre cómo se llegó a la decisión de que el secretario ejecutivo electo es el más capaz para el cargo”.
El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell, criticó que no se haya dado a conocer la cédula de evaluación porque el SNA apenas arranca y es necesaria la máxima publicidad en todos sus procesos.
“Aquí están en juego dos cosas, en primer lugar, la legitimidad del SNA, dado que las instituciones son nuevas, y se trata de normas jurídicas que todavía no se han aplicado. El hecho de este nombramiento pone en cuestión la legitimidad del sistema. En segundo lugar, pero también de la mayor importancia, la credibilidad de quienes integran ese SNA”, dijo.
Guillermo Noriega, experto en temas de rendición de cuentas y combate a la corrupción, dijo que la selección fue legal, pero es necesario justificarlo atendiendo a los mejores principios internacionales de transparencia.
“En todos los procesos de designaciones deberían observarse las mejores prácticas de transparencia para evitar sospechas y mermar la legitimidad institucional. La cédula, sus ponderaciones y resultados deberían ser públicas desde el momento en que se tomó la decisión, como parte misma de su justificación. Espero que pronto se disipen las dudas y el sistema inicie sin mayores problemas”.
Lourdes Morales, investigadora del CIDE, señaló que el hecho que el SNA sea una instancia ciudadana ajena a intereses político partidistas, no los exime de ser una institución a la que se le exijan cuentas.
“Si se solicitan criterios de máxima transparencia y rendición de cuentas para los nombramientos de todo el sistema, se deben conocer los cédulas de los que fueron evaluados para este cargo. Entiendo que lo harán público, pero lo deseable es que hubiera sido antes de la votación”. No obstante consideró como una buena señal que Salgado fue electo por unanimidad de los integrantes del SNA.
Ante el señalamiento de que incluso habría conflicto de interés, González de Aragón insistió en que eso ocurre porque hay una visión “aldeana, de muégano, del mismo grupo cuando tenemos que abrirnos totalmente. Y no se van a tener grandes avances. Con todos estos signos sólo nos vamos frustrando cada vez más”.
“Se abrirán”, dice Peschard. La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, Jacqueline Peschard, aseguró que una vez concluido el proceso de nombramiento, se darán a conocer las cédulas de evaluación.
“Las cédulas de evaluación serán dadas a conocer en una versión pública, una vez concluido el proceso de nombramiento, a fin de no afectar a dicho proceso y, sobre todo, de no violentar los datos personales de los concursantes”, indicó.
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