CIUDAD DE MÉXICO.- Menos del uno por ciento de los delitos denunciados ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) culminan en sentencias condenatorias contra servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción.
De los años 2002 a 2016, tan sólo el 0.67 por ciento de los expedientes en contra de funcionarios llegaron a un proceso penal o administrativo, indican cifras oficiales otorgadas a través de una solicitud de transparencia y acceso a la información.
Según la respuesta oficial, en 14 años se han presentado 296 denuncias por parte de los Órganos Internos de Control (OIC) de 114 instituciones federales, de las que en sólo dos casos han terminado en condenas.
Una de las resoluciones fue aplicada contra el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, por “delitos cometidos contra la sociedad”.
El segundo fallo concierne al Fideicomiso de los Sistemas Normalizados de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), por utilizar una copia de un documento oficial falso.
Para esta última sanción, la SFP se basó en el artículo 243 del Código Penal Federal, que establece en su fracción quinta que se castigará con prisión de seis meses a cinco años y de 180 a 360 días de multa.
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos advierte que los delitos cometidos contra la salud se sancionan conforme al artículo 150 del Código Penal Federal, que marca de seis meses a nueve años de prisión.
Dependencias con más denuncias
La SFP informó en la misma respuesta que la dependencias con más denuncias es el Servicio de Protección Federal, con 18 denuncias por uso de documentos falsos.
Le sigue la Secretaría de Cultura, con 14 quejas en su contra por responsabilidad administrativa, mientras que Prevención y Readaptación Social tiene nueve denuncias por abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones, lesiones y uso de documentos falsos.
En ninguna de las instituciones mencionadas han sido sancionados los funcionarios públicos.
Delitos más denunciados
Desde la creación de la SFP, en 2002 durante la administración de Vicente Fox Quesada, el delito más denunciado es el enriquecimiento ilícito, con 84 expedientes; seguido de fraude, con 44, y uso indebido de atribuciones y facultades, con 42.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, el delito de fraude encabezó la lista de los ilícitos más denunciados, pues tan sólo en el año 2010 se registraron 35 quejas contra funcionarios públicos por esta falta.
Mientras que en el presente gobierno de Enrique Peña Nieto, el delito de enriquecimiento ilícito ha registrado 36 denuncias tan sólo en el 2017.
Uno de los más recientes y sonados casos que atendió la dependencia federal fue el de deslindar responsabilidades sobre si hubo o no conflicto de interés en la compra de una propiedad de la esposa del mandatario.
Al respecto, el ahora extitular de la SFP, Virgilio Andrade, determinó en conjunto con un grupo de expertos y después de una investigación de seis meses que el Presidente no incurrió en ninguna ilegalidad en la adquisición de diferentes bienes inmuebles.
Tras los funcionarios
La SFP se encarga de vigilar que los trabajadores del Gobierno federal no cometan actos de corrupción, sancionar a quienes lo hacen, promover el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización, y determinar la política de compras públicas de la Federación, entre otras actividades.
Durante el año 2009, el entonces presidente Felipe Calderón ordenó la desaparición de dicho organismo como una medida necesaria de austeridad en el marco de la crisis que afectó a México de 2008 a 2009. Sin embargo, dicha propuesta nunca llegó a ver la luz debido a que el Congreso de la Unión no la aprobó.
Para la actual titular de la dependencia, Arely Gómez, existen 30 casos que son prioridad para la SFP, en los que destacan presuntos sobornos a funcionarios federales con las empresas extranjeras Odebrecht y Teva, así como evitar actos de corrupción en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Funciones de la SFP
> Promover la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas.
> Ampliar la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública.
> Inhibir y sancionar las prácticas corruptas.
> Articular estructuras profesionales, eficientes y eficaces del gobierno.
> Mejorar la regulación, la gestión y los procesos de la APF.
> Optimizar el uso y aprovechamiento de los inmuebles federales.
DELITOS MÁS FRECUENTES POR SEXENIO
Vicente Fox
Peculado: 5 denuncias
Felipe Calderón
Fraude: 40 denuncias
Enrique Peña Nieto
Enriquecimiento ilícito: 71 denuncias
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