ESTADOS UNIDOS.- Setenta y cinco años después de que el presidente de EU Franklin D. Roosevelt firmara una orden ejecutiva para recluir en campos de concentración a miles de personas de origen japonés, muchas de ellas residentes en latinoamérica. Los sobrevivientes de aquella injusticia temen que pueda repetirse.
“Estamos preocupados acerca de lo que está pasando ahora en Washington. ¿Qué clase de orden ejecutiva va a expedir el presidente (Donald) Trump, una orden para poner a los musulmanes en campos de concentración?”, dijo a Efe Kanji Sahara, de 82 años y sobreviviente de uno de los campos de concentración estadounidenses.
Actualmente, tanto los sobrevivientes como los defensores de los derechos humanos temen que una de las mayores demostraciones de poder del ejecutivo estadounidense en la historia se vuelva a dar de forma equivocada.
La orden ejecutiva 9066, firmada el 19 de febrero de 1942 por el presidente Roosevelt, llevó a la reclusión en campos de concentración a más de 120 mil japoneses estadounidenses inocentes con el argumento de que podrían representar un peligro para el país, que en ese momento se enfrentaba a Japón en la Segunda Guerra Mundial.
Sahara vivió en carne propia los estragos de esta orden ya que a sus 10 años fue detenido junto a sus padres y sus tres hermanas en Los Ángeles y llevado a uno de los campos de detención a pocas millas del que era su hogar.
El japonés oriundo de Hiroshima, recuerda que todos sus vecinos fueron arrestados, sin importar su edad.
Incluso los niños nacidos en Los Ángeles, de orígenes japoneses, fueron llevados a esos campos de concentración como es el caso de Bill Shishima, quien fue detenido a sus 11 años y el actor George Takey arrestado junto a sus padres cuando solo tenía 5 años de edad.
La mayoría de las detenciones se concentraron en la zona oeste del país y los prisioneros eran presionados para abandonar el país y regresar a Japón.
La orden ejecutiva también permitió la persecución y el arresto de más de 2 mil 200 japoneses que vivían en 13 países latinoamericanos, la mayoría peruanos, que fueron trasladados a Estados Unidos con el propósito de ser intercambiados por prisioneros de guerra.
Robin Toma, abogado que lideró una de las demandas contra el Gobierno estadounidense, explicó que se secuestraba primero a los jefes de familias para obligar a los miembros de esta a abandonar todo e ir detrás de sus seres queridos.
“Era un plan para asegurar que los japoneses latinoamericanos se volvieran sin estado, sin defensa contra el uso de ellos como intercambio”, indicó Toma.
Tony Kaz Naganuma, nacido en el Callao (Perú), recuerda como siendo niño fue detenido en su país junto a sus padres y enviado en barco hasta Catedral City en Texas en 1944.
Tres años después recuperaron la libertad, sin un centavo en el bolsillo y hallándose en un país extraño.
Tras años de silencio, en 1988, el Gobierno de estados Unidos pidió perdón y aprobó una compensación económica de 20 mil dólares a casi 60 mil sobrevivientes.
“No hay pago que pueda reponer esos días”, dijo en su momento el presidente Ronald Reagan durante su discurso.
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