CIUDAD VICTORIA.- La diputada María Cristina García Bravo demandó al Gobierno federal incautar a la brevedad posible los bienes y recursos sustraídos indebidamente por ex gobernadores y sus colaboradores en varios estados de la República, pues el hartazgo y la intolerancia social alcanza ya niveles sin precedentes ante tanta corrupción que, en vez de castigarse, incluso se premia por las autoridades.
De acuerdo a un comunicado, la perredista pidió a la Cámara de Diputados respaldar su reclamo a través de una proposición de punto de acuerdo en el que recuerde las atribuciones y facultades de diversas dependencias del Gobierno federal para investigar, así como incautar y asegurar bienes indebidamente sustraídos a la hacienda pública.
En particular pidió la pronta intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación en contra de los ex gobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores; de Veracruz, Javier Duarte; de Chihuahua, César Duarte; de Quintana Roo, Roberto Borge; y de Nuevo León, Rodrigo Medina.
De igual manera exigió ir contra los ex mandatarios de Sonora, Coahuila y Colima.
Dijo la legisladora que específicamente deben enfatizarse las acciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en quienes adquirieron bienes muebles e inmuebles con recursos públicos federalizados o que tienen ilícitamente cuentas bancarias con tales recursos.
Además, a la PGR le requirió que inicie ya las investigaciones que se derivan de las múltiples denuncias sobre corrupción y desvío de recursos de esos ex funcionarios, operadores y prestanombres para que solicite de inmediato al juez las medidas cautelares de extinción de dominio, así como la inmovilización provisional e inmediata de fondos o activos federalizados que ilícitamente posean en el sistema bancario.
A la Auditoría Superior de la Federación le pidió una revisión exhaustiva del ejercicio de las cuentas públicas de los ex gobernadores, en todo lo que se refiere al uso ilícito de recursos federales.
“Como todos sabemos, la situación del país sigue siendo muy delicada. Más allá de la creciente ola de violencia generalizada, inseguridad, delincuencia organizada y narcotráfico, México vive una profunda corrupción e impunidad sin precedentes, lo que ha llevado al hartazgo y rechazo de la sociedad hacia los gobernantes”, fundó su propuesta.
“Más aún: estos ex gobernadores dejaron sus entidades con una deuda que está convertida en una verdadera carga financiera y un lastre sin precedentes, pero –como siempre- tendrán que pagar los platos rotos las y los ciudadanos, situación que no debe más tolerarse ni repetirse”, advirtió.
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