CIUDAD DE MÉXICO.-Los delegados o ahora los “superdelegados” de AMLO, son los que ejercerán y vigilarán los recursos de programas para obra pública y social que son sólo del Poder Ejecutivo como la pensión para adultos mayores o las becas para jóvenes, no de gobiernos estatales.

El modelo actual de delegados federales, según la Ley Orgánica de la Administración Pública, los habilita como órganos desconcentrados de las dependencias federales para prestar servicios y realizar trámites para cumplir con los programas federales en entidades o regiones, indicó Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del IMCO.

En muchos de estos programas intervienen más de una Secretaría y su aplicación puede darse en regiones que comprendan un grupo de municipios de diversas entidades.

El único punto en el que los delegados podrían tener algún tipo de injerencia en la disposición de recursos federales es a través de Ramo 23, conocido como Provisiones Salariales, el cual al no contar con reglas de operación es susceptible al uso discrecional, explicó Guadarrama.

Este Ramo representó el año pasado 7 por ciento del total de recursos que se reparten a entidades, con un total de 129 mil 530 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.

Los recursos federales que reciben los gobiernos estatales se encuentran blindados en la Ley de Coordinación Fiscal. Es por ello que no se verían afectados por la figura de “super delegados” propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, explican especialistas.

Por ley, los gobiernos estatales recibieron el año pasado un billón 808 mil 845 millones de pesos de recursos de la Federación, tal y como marca la Ley de Coordinación Fiscal, recursos en donde no intervienen de ninguna forma los delegados federales. Este monto equivale al 35% del presupuesto total del País.