CIUDAD DE MÉXICO.- El director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Gerardo Ferrando Bravo, rechazó la detención de las obras del aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía, pese a que hay 147 amparos en contra de su continuidad.
“Hasta ahora no hay nada que afecte actividades que estamos desarrollando en el gobierno federal, yo en particular hablo de Grupo Aeroportuario, no hay nada hasta el momento, no hay ninguna indicación judicial que nos impida continuar con las instrucciones del gobierno de la República”, afirmó Ferrando Bravo al retirarse de Palacio Nacional.
El titular del GACM comentó que ya se están revisando los casos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la subprocuraduría fiscal, para preparar una respuesta jurídica a los afectados.
Aseguró que hasta ahora no se ha emitido ninguna notificación judicial en contra de Santa Lucía ni de la terminación anticipada del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, por parte de un juez, por lo que se enfocarán en recabar los requisitos y estudios ambientales faltantes, para emprender el arranque del Felipe Ángeles.
“Existe la posibilidad en tanto se esté incurriendo en una falta, de momento no se ha incurrido en ninguna y desde luego, como gobierno procuraremos cumplir cabalmente con la ley”, defendió.
Los amparos van dirigidos en contra de las diversas dependencias federales involucradas, pero hasta hora el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México sólo ha sido notificado de una en particular.
“Los amparos van a muchas autoridades, dentro de ellas en cuatro características esta Grupo Aeroportuario, estamos como tal, como Grupo Aeroportuario, como Consejo de Administración y diferentes circunstancias, hay un colectivo de personas que están en contra de la decisión que nuestro gobierno ha tomado de atender la demanda aeroportuario”, detalló.
Comentó que las organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en el colectivo #NoMásDerroches, están en su derecho de ampararse ante el Poder Judicial, pero no ha sido la intención del gobierno federal, afectar la integridad de las comunidades.
“Hablan de decisiones que se han tomado, ellos hablan de la cancelación de Texcoco como tal y jurídicamente la figura es de terminación anticipada de ese proyecto, estamos en ello y están en su derecho quien se sienta afectado, si considera que hay elementos, será un juez el que lo determine”, comentó.
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