WAHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permitirá este jueves que la última serie de documentos clasificados sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy sean dados a conocer.
No se espera ninguna revelación trascendente, sin embargo, los historiadores creen que los archivos -en su mayoría textos de la CIA y el FBI- podrían revelar datos sobre el viaje que hizo el homicida Lee Harvey Oswald a México un mes antes del asesinato.
La nueva información no pondrá fin a las teorías de la conspiración, dijo aquí Hugh Aynesworth, un reportero del periódico The Dallas Morning News que estaba mirando la caravana presidencial en el centro de Dallas cuando escuchó los disparos que mataron a Kennedy el 22 de noviembre de 1963.
Sin embargo, Aynesworth, quien ahora tiene 86 años de edad, sí espera que los archivos revelen más información sobre lo que sabía la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) sobre el viaje que el homicida de Kennedy, Lee Harvey Oswald, hizo a México en octubre de 1963, semanas antes del asesinato.
“Ha habido mucha especulación a lo largo de los años sobre el viaje de Oswald a México”, dijo Aynesworth en declaraciones al periódico The Dallas Morning News. En México, Oswald se reunió con cubanos y rusos, dijo.
Aynesworth afirmó que la CIA tenía intervenidas electrónicamente a las embajadas de Rusia y de Cuba en México. “Así que ellos sabían exactamente lo que él dijo, a quién conoció, y lo han mantenido en secreto”, señaló.
Advirtió, empero, que la desclasificación de los últimos archivos pudieran generar aún más preguntas de las que responden. “Nunca se detendrá a la multitud que se inclina por la conspiración”, aseveró Aynesworth.
Trump declaró el pasado sábado que permitiría dar a conocer los archivos, al dejar de tener vigencia, este 26 de octubre, una ley de 1992 que los ha mantenido bajo secreto. Aunque un funcionario de la Casa Blanca dijo a la cadena de televisión ABC News que la liberación de los documentos podría retrasarse si las agencias de seguridad nacional o las fuerzas del orden público le dan al presidente razones por las que es necesario hacerlo.
La ley también establece que la liberación se puede retrasar si el presidente cree que cualquier daño a las operaciones militares o las relaciones exteriores “superara el interés público en la divulgación”.
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