Ciudad de México.-Diputados y Senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitará a la Secretaría de Gobernación (Segob), abrir una investigación para determinar si la participación de 11 obispos católicos y ministros de otros cultos, en las manifestaciones en contra del matrimonio igualitarios, es o no una violación al principio constitucional del estado laico.
En el Senado, el coordinador Miguel Barbosa Huerta, demandó sanciones para la jerarquía católica y los obispos que se sumaron ayer a las marchas de protesta porque dijo, hay disposiciones específicas en la ley para que intervenga la Segob.
En entrevista, Barbosa Huerta advirtió que pese a las protestas, el Senado comenzará esta semana los foros para discutir la iniciativa presentada la semana pasada por la senadora Angélica de la Peña.
“La Secretaría de Gobernación debe ejercer sus facultades porque ya vemos a la iglesia muy metida en estos temas y la ley define su marco de actuación de manera que debe haber cuando menos un extrañamiento”, planteó el legislador.
En tanto, Daniel Ordoñez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, dijo que su grupo parlamentario presentará ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), una queja contra el llamado Frente Nacional por la Familia, por presuntos actos de discriminación en los que ha incurrido al convocar a marchas contra los matrimonios igualitarios y atentar así contra el derecho de todas las personas al matrimonio.
Recordó que el Conapred ya se pronunció a favor del reconocimiento a la familia, incluyendo todas las formas y manifestaciones que de ella existen en la sociedad, así como del derecho de todas las personas al matrimonio, sin discriminación alguna.
Así, la queja pretende que la referida instancia investigue y resuelva si quienes están convocando a manifestarse contra los matrimonios igualitarios incurren en actos discriminatorios.
El perredista argumentó que los convocantes a las marchas contra los matrimonios igualitarios están en su derecho de ejercer su libertad de expresión, pero en el ejercicio de esa libertad no pueden pasar por encima de los derechos constitucionales de otros y el Estado está obligado a ejercer sus facultades para proteger los derechos humanos de todas las personas.
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