Gobierno federal va ahora por una guardia antilavado

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CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal planea, con el apoyo del Congreso de la Unión, concretar una unidad policial especializada en investigación de lavado de dinero, es decir, crear una Guardia Nacional de Finanzas.

Proyecta centralizar las instancias de contraloría, fortalecer mecanismos fiscalizadores —como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación— y ampliar el radio de acción de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

En el documento se pone énfasis en que la UIF “desde su creación se ha concentrado en detectar la evasión fiscal (…) En esta administración su actuación debe permitir debilitar los esquemas de financiamiento del crimen organizado”.

La adenda a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que envió la semana pasada el Ejecutivo al Senado —a través del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo— para su análisis, discusión y posible aprobación, señala:

“Con el apoyo del Congreso de la Unión se promoverán las acciones legislativas, operativas, orgánicas presupuestales, para consolidar una unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero (Guardia de Finanzas), y se orientará a la Policía Cibernética a la plena operatividad. En general se enfatizará la capacitación y actualización en el uso de las nuevas tecnologías”.

El texto agrega que el Ejecutivo federal propondrá una ley federal de combate al conflicto de intereses para limitar las adquisiciones directas y, en su caso, propiciar su revisión por parte de los órganos fiscalizadores para investigar y clausurar las empresas fantasmas.

La adenda también resalta que se establecen como “obligatoriedad” las declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de intereses de todos los servidores públicos, y eliminar el fuero de altos funcionarios.

Además, fomentar la colaboración internacional para erradicar los llamados paraísos fiscales, monitorear en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier compra con recursos públicos.

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