Alrededor de 80 organizaciones civiles, así como 197 personalidades de la política, el sector empresarial, de los derechos humanos, la cultura y activistas como María Elena Morera, Alejandro Hope, Eduardo Bohórquez y Claudio X. González, entre otros, solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto realizar acciones para combatir la corrupción y el descontento social provocado por el gasolinazo, así como un plan para enfrentar la llegada del Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
Por medio de un desplegado, los firmantes piden al Ejecutivo que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que ponga en marcha una política severa de contención a “los privilegios económicos” de la administración pública federal.
A esa convocatoria pública, dijeron, al Ejecutivo Federal deberán sumarse los poderes Judicial y Legislativo, órganos con autonomía constitucional, entidades federativas y municipios.
Pidieron ampliar el acceso a la información del ejercicio del gasto público, especialmente el que se realiza a través de concesiones, permisos, contratación de deuda, así como adquisiciones de bienes, servicios y obra pública.
“Reasignar las prestaciones de gasolina de altos funcionarios hacia actividades prioritarias como servicios públicos, traslados médicos y de seguridad pública” es otro de los puntos solicitados a Hacienda.
Desde el 28 de diciembre EL UNIVERSAL ha publicado que funcionarios del gobierno legisladores, jueces y ministros, entre otros no sufrirán el incremento a las gasolinas, ya que entre sus prestaciones cuentan con recursos públicos para pagar estos servicios.
Los firmantes también solicitaron a la Secretaría de Economía un plan de contención, ante la posibilidad que se vayan más inversiones o se deje de invertir en México, por Trump.
En su manifiesto, organizaciones como Causa en Común, México Evalúa, Mexicanos Primero y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) entre otros, piden a la Secretaría de la Función Pública hacer cumplir la norma en materia de regalos o cortesías sin importar el nivel.
A la PGR la urgieron a solicitar a las autoridades brasileñas, suizas y estadounidenses información que permita sancionar en México a los servidores públicos y particulares que participaron directa o indirectamente en las operaciones en las que Odebrecht y sus subsidiarias y reconocen haber pagado al menos 10.5 millones de dólares para la obtención de contratos de obra pública en México, presuntamente relacionados con Pemex.
“Investigar y sancionar a los dueños de las gasolineras y franquicias que despachan gasolina robada de Pemex. Asumir la responsabilidad de la investigación en torno al robo de combustibles e informar periódicamente sobre sus avances para contener inmediatamente este delito que ha crecido y que genera pérdidas por más de 50 millones de dólares diarios, a través de más de 3 mil 500 tomas clandestinas en ductos de Pemex”, pidieron.
Los firmantes expresaron que México ya no puede seguir secuestrado por la corrupción, pública o privada: “Las autoridades tienen que dar respuestas inmediatas a los ciudadanos para hacerle frente a la corrupción, fortalecer el Estado de derecho e informar de forma transparente a la sociedad”.
Criticaron que las políticas económicas instrumentadas por el gobierno federal son cuestionadas por la población, porque resulta incongruente que se pida asumir las consecuencias del alza a los precios del combustible, cuando la clase política lucra con sus cargos a través de sobornos, mantiene privilegios o los aumenta con aguinaldos, bonos extraordinarios, viajes, seguros privados, mayores recursos a los partidos y un enriquecimiento ilícito de los gobernadores.
“La liberación de los precios de gasolina no vino acompañado con un programa de austeridad, tampoco de un programa de contención a las acciones anunciadas por Donald Trump, previo a su llegada a la presidencia de Estados Unidos, y cuyos efectos ya se comienzan a sentir con la cancelación de inversiones”, advirtieron.
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