CIUDAD DE MÉXICO.- En Zacatecas el kilo subió un peso y en otros 4 estados podría costar hasta 16 pesos, dicen empresarios de la masa
Empresarios de la masa y la tortilla en Zacatecas aplicaron ayer el aumento de un peso a sus productos, mientras que en otros cuatro estados anunciaron un incremento de hasta tres pesos el kilo, bajo la justificación de que el costo de los insumos como el gas, la harina y energía eléctrica están subiendo.
Baldomero Flores Rodarte, integrante de la mesa directiva de la Empresa Integradora de los Industriales de la Masa y la Tortilla en Zacatecas, refirió que el aumento no se ha dado todavía en todos los municipios, pero estimó que el alza se dará forzosamente y de manera escalonada en próximas fechas. Esto significa que de los 12 o 13 pesos que costaba el kilo, la tortilla se incrementará hasta llegar a 16 pesos el kilogramo en este año.
En Tabasco, Veracruz, Hidalgo y Michoacán, los molineros aceptaron que habrá incremento.
Al respecto, la Secretaría de Economía (SE) advirtió que el aumento del que habla la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas (Unimtac) podría ser violatorio a la Ley Federal de Competencia Económica.
“No es la primera vez que algún liderazgo de molineros se pronuncia por un incremento de precios de la tortilla. Ya la Cofece ha remitido cartas, en las que advierte que este tipo de declaraciones pueden llegar a constituir prácticas monopólicas absolutas, al tratarse de acuerdos entre competidores, tomados con el objetivo de manipular los precios”, indicó la secretaría en un comunicado.
“Hacer una declaración anticipada de un ajuste coordinado de precios en cualquier sector de la economía, es una violación flagrante a las leyes de competencia económica”, destacó la SE.
En febrero del año pasado, la Secretaría de Economía solicitó a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) una investigación por posibles Prácticas Monopólicas Absolutas (PMA) en el mercado de producción y comercialización de tortilla en el estado de Jalisco. En noviembre de 2017, la comisión sancionó a dos liderazgos regionales y a un funcionario público estatal por intentar coordinar incrementos en el precio del producto.
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