CIUDAD DE MÉXICO.- En la Cámara de Diputados, legisladores del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática exigieron al Gobierno Federal aclarar si ha comprado sofisticados programas y sistemas de espionaje para acosar periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y otros actores sociales.
Lo anterior, luego de que el diario norteamericano The New York Times, publicara una investigación respecto a que la autoridad mexicana compró sistemas cibernéticos de espionaje de origen israelí, para “espiar” a comunicadores, activistas y defensores de derechos.
Al respecto, el secretario de la Comisión de Justicia de San Lázaro e integrante de la bancada del PRD, Arturo Santana, señaló que para exigir explicaciones y rendir cuentas, los diputados tendrán que llamar a comparecer a los titulares de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República.
“Lo que se tiene que hacer de inmediato es generar una comparecencia, pero ya del secretario de Gobernación y del procurador General de la República, para que expliquen qué están haciendo para combatir este flagelo en nuestro país”, apuntó.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas, Brenda Velázquez, arremetió contra el Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, quien habría asegurado que los periodistas en México no pasan por su peor momento, pues ese se registró durante la administración del panista Vicente Fox.
La legisladora del PAN reviró al afirmar que el funcionario federal manipula las cifras al respecto, con el fin de minimizar el problema.
Recriminó que los funcionarios federales busquen desestimar las denuncias por la creciente violencia contra profesionales del periodismo, cuando su obligación es salvaguardar la integridad de ellos y de la ciudadanía en su conjunto.
Expresó que las declaraciones del Subsecretario Campa Cifrián son “lamentables”, porque buscan minimizar los hechos, manipular las cifras a conveniencia, y deslindarse de responsabilidades por la falta de recursos e ineficiencia del Mecanismo de Protección a periodistas.
Incluso, la legisladora señaló que la Comisión a su cargo está cita a reunirse con autoridades este martes 20 de junio: sin embargo, el Subsecretario de Segob no ha notificado si acudirá o no, lo que también muestra su falta de interés en el asunto.
Velázquez Valdez señaló que los integrantes de la Comisión coinciden en demandar que el equipo del Presidente Enrique Peña diga cuánto costó la compra del software “Pegasus” y confirme si es verdad que se utilizó en más de 70 ocasiones entre los años 2015 y 2016 para vigilar a periodistas.
Debe informar sobre las actividades de espionaje que se han realizado a través de las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República.
También tendrá que aclarar por qué se destinaron recursos públicos para la compra de sistemas de espionaje y no al Mecanismo de Protección a periodistas.
Tendrá que explicar qué fundamento jurídico justifica el presunto espionaje, así como investigar los sucesos revelados y si es procedente, aplicar las sanciones correspondientes por conductas que representan ataques a la libertad de expresión, violaciones a la privacidad de las personas y agresiones contra comunicadores.
En particular, el diputado Santana Alfaro expuso que si el Ejecutivo compró el software “Pegasus”, utilizado comúnmente para el combate al crimen organizado, con el fin de mantener bajo vigilancia a periodistas críticos, habría incurrido en violaciones a derechos humanos.
La intervención telefónica sólo puede realizarse con la autorización de un juez, y como producto de una investigación formal de delitos; por lo que sería injustificable e inaceptable, que se manipularan las herramientas legales para espiar a los críticos del régimen, sentenció el congresista de izquierda.
Su compañera de bancada, Lluvia Flores, agregó que los hechos en cuestión obligan al Ejecutivo a informar al Congreso, qué clase de elementos de investigación e inteligencia ha adquirido y qué uso les está dando.
Flores Sonduk afirmó que es “imperdonable” que estas herramientas tengan como propósito espiar a particulares que en el ejercicio de su profesión y labores, son “incómodos” para el gobierno en turno y su partido político.
“Pareciera que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN y los centros de investigación estatales han fracasado rotundamente, porque es claro que el Estado mexicano sigue perdiendo la batalla contra la delincuencia en todo el país”, recriminó tras lamentar el doble discurso del Presidente de la República sobre las agresiones a periodistas.
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