Decomisarán propiedades a corruptos

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CIUDAD VICTORIA.- A la par de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, se suman más castigos para los funcionarios que pudieran incurrir en hechos ilegales.

Ahora, el enriquecimiento ilícito forma parte de la lista de delitos por los que podrá llevarse acabo la “extinción de dominio”, es decir, el Estado podría tomar posesión de los bienes que haya obtenido de forma ilícita quien resulte condenado.

Al mismo tiempo, el Poder Judicial contará con “Jueces Especializados en Extinción de Dominio”, para dominar la técnica jurídica que permita concretar estas sanciones.

El Congreso del Estado aprobó una reforma al artículo 10 de la Ley de Extinción de Dominio.

Ahora queda establecido que “Procede la extinción de dominio, en los Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, previstos en el Capítulo
VIl, del Título Décimo Octavo, de la Ley General de Salud; Robo de vehículo, Trata de Personas, Secuestro y enriquecimiento ilícito, en los casos en
que se susciten ante las autoridades en el Estado”.

Al entrar en vigor la reforma, la Procuraduría General de Justicia del Estado deberá designar Agentes del Ministerio Público Investigadores para conocer del procedimiento.

A su vez, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en atención de los asuntos a tratar creará mediante los acuerdos correspondientes, los Juzgados Especializados en Extinción de Dominio.

“Es por ello, que con la finalidad de que la ley de la materia tenga frecuencia normativa, consideramos que las leyes orgánicas tanto de la Procuraduría General de Justicia y del Poder Judicial del Estado, deben ser modificadas para dar cumplimiento al citado artículo transitorio”, señala
el legislativo.

La reforma aprobada por el Congreso busca dotar al Estado de las herramientas para aplicar de manera correcta la Extinción de Dominio en Tamaulipas,
pues a pesar de que la primera ley al respecto data desde el 2012, hasta la fecha no se ha concretado ni un solo caso.

Es decir, no ha entregado ninguna propiedad o inmueble para beneficio público de la sociedad tamaulipeca como resultado del aseguramiento de bienes a la delincuencia organizada.

Con más de 20 operativos al año, que derivaron en el decomiso de armas, droga y migrantes, en la administración 2011-2016 de Egidio Torre Cantú jamás se aplicó la Ley de Extinción de Dominio para recuperar las propiedades en manos de la delincuencia.

De acuerdo con la información emitida, por año entre 15 y 20 viviendas fueron escenario de delitos como tráfico de indocumentados, almacenamiento de armas o como refugio de presuntos delincuentes (“casas de seguridad”).

Esta reforma se da a la par de la puesta en marcha de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, que hasta el momento cuenta con 52 denuncias que ya están en fase de investigación, y la mayoría de los casos son por enriquecimiento ilícito.

El Fiscal advirtió que en todas las denuncias que se han recibido “hay un probable delito”.

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