CIUDAD VICTORIA.- Ciento cincuenta y seis integrantes de la comunidad de Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) fueron amparados para contraer matrimonio en Tamaulipas por el Poder Judicial de la Federación (PJF).
En tres años, el movimiento Matrimonio Igualitario interpuso tres demandas colectivas, a favor de 143 individuos, y 6 individuales, explicó el representante de la organización en la entidad, Mercurios Espinoza del Ángel.
En 2014 se promovieron dos amparos colectivos que fueron resueltos, por los juzgado noveno y tercero, a favor de 125 personas del sur y norte de la entidad. Al año siguiente, el PJF reconoció el derecho a 18 ciudadanos tamaulipecos.
Las primeras protegidas por la ley que se unieron legalmente fueron Paola Fernández y Jessica Castillo. La pareja de tamaulipecas se casó en un evento que fue público, el 5 de junio de 2015, en Tampico.
El reconocimiento del derecho de unirse en matrimonio generó que más personas reclamaran ante la instancia federal. En el presente año, los juzgados noveno y décimo han protegido a 7 casos presentados en pareja. Ciento cincuenta y cinco de los juicios se dieron entre la organización y la Dirección Jurídica del anterior gobierno del estado y la LXII Legislatura. Sin embargo, el pasado 29 de noviembre la pareja de Víctor y Guillermo obtuvo el primer
triunfo judicial al derrotar a los poderes Ejecutivo y Legislativo, ahora del Partido Acción Nacional (PAN).
El 13 de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta para que en México se celebren matrimonios entre personas del mismo sexo. La jurisprudencia aprobada no obliga a las autoridades a cambiar las leyes sobre el matrimonio, sí establece el criterio que deben seguir los jueces y tribunales.
La primera sala estableció que las leyes de cualquier estado del país que considere que la finalidad del matrimonio “es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”.
La comunidad LGBT agrupada en el movimiento exige al gobierno y el Congreso tamaulipecos reformar los artículos 124 y 132 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas. Hasta ahora el mandatario Francisco García Cabeza de Vaca y el líder de los diputados, Carlos García, no han expresado su posición respecto al tema.
Inclusive, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que la Constitución Política de Tamaulipas no respeta los derechos humanos, al no expresar claramente la no discriminación por preferencias sexuales.
En la Plataforma de Armonización Normativa se exhibe que las Legislaturas LXI y LXII, controladas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no aplicaron las reformas para evitar actos discriminatorios contra la comunidad homosexual.
Espinoza del Ángel expresó que se continúa con la estrategia jurídica para conseguir la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, con la intención de obligar al gobernador de Tamaulipas y al Congreso del Estado a realizar las reformas necesarias para que los derechos constitucionales de las personas de la comunidad LGBTTTI sean respetados.
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