CIUDAD DE MÉXICO.- En los seis centros de reclusión federal, construidos por la iniciativa privada, existen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato hacia los reclusos, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo que encabeza el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) detectó 15 situaciones de riesgo en los penales federales número 11, en Sonora; 12, en Guanajuato; 13, en Oaxaca; 14, en Durango; y 15, en Chiapas, así como el centro federal femenil número 16, en Morelos.
Entre las situaciones detectadas se encontró que la comida para los internos es insuficiente, hay maltrato de elementos de seguridad y custodia hacia los internos, encierros prolongados en estancias y deficiencias en la supervisión.
Falta personal médico, de enfermería y deficiencias en el suministro de medicamentos, falta de actividades laborales remuneradas, de capacitación, educativas y deportivas.
Durante las visitas realizadas en marzo por el Mecanismo, se encontró también que prevalece la insuficiencia de personal técnico y de seguridad y custodia, además de irregularidades para que puedan realizar llamadas telefónicas.
“Lo anterior, se precisa, con la finalidad de fortalecer los esfuerzos para prevenir la tortura y el maltrato en los lugares de detención supervisados, así como para atender hasta su cabal cumplimiento las observaciones emitidas”, señaló.
En ese sentido comentó que esos factores que ponen en peligro los derechos humanos de los internos ya fue informado al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
Agregó que en visitas anteriores se habían hecho 45 observaciones de las que ocho fueron atendidas y 22 presentan un avance pero aún no se cumplen en su totalidad.
“Las visitas de supervisión comprendieron entrevistas con los servidores públicos responsables de los distintos Ceferesos (Centros Federales de Readaptación Social) CPS y con el personal adscrito al momento de las visitas”.
“Se aplicaron cuestionarios y entrevistas con personas recluidas y se realizó la revisión de expedientes y documentos de registro, además de recorrer las instalaciones con el propósito de verificar y constatar el funcionamiento y las condiciones de las distintas áreas”, agregó.
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