Nuevo Laredo.- El diputado federal por el PAN, Salvador Rosas Quintanilla, dijo que legisladores de su bancada se encuentran en contra de algunas leyes que el Gobierno Federal ha implementado, sin embargo, estas entrarán a partir del 9 de septiembre y no podrán hacer nada al respecto.
“Hemos estado trabajando, pero por ejemplo la ley de extinción de dominio, fue una ley que pusieron (los legisladores de Morena) y hemos estado peleando porque no se llegue a integrar, más sin embargo la mayoría abrumadora que tiene Morena va a entrar el día 9 de septiembre en vigencia, entonces no hay manera de poderlas quitar”, comentó Salvador Rosas.
Tal es el caso de la ley de extinción de dominio, la cual afecta al usuario directamente, ya que si tienen una vivienda y no cuentan con los documento para comprobar que es tu propiedad, en 10 días te la quita, congelan los bienes y si tienen un costo de más de 15 mil pesos pasan a ser vendidas.
“La extinción de dominio, la confianza ciudadana y todas esas leyes que han salido pues han venido lesionando al usuario normal, por ejemplo si tú tienes un problema tienes solamente 10 días para poder comprobarle a la autoridad que no tienes relación con el crimen y si en esos 10 días no tienes la manera de comprobar, te van a quitar tu propiedad, te van a congelar tus bienes y si eso cuesta más de 15 mil pesos al mes se van a vender al público”, comentó Rosas Quintanilla.
Salvador Rosas, comentó que las personas más propensas a verse afectadas con esta ley son los de bajos recursos.
“La gente que menos tiene es la más propensa a pasar esta situación, hemos dicho que esta arma fue hecha para quitarle los bienes a la gente que se dedica al crimen organizado, sin embargo ahora se va a aplicar a quien ellos quieran y ese dinero en vez de pasar a las arcas para nuestras corporaciones policiacas van a ir a un centro donde posiblemente van hacer uso de ese dinero y no sabemos a dónde va a parar”, expresó.
La característica principal de esta Ley es que permite que el gobierno asegure bienes que presuntamente fueron empleados para realizar alguno de los once delitos mencionados, u obtenidos mediante ellos.
Al incautarlos también puede venderlos y hacerlo incluso antes de que se dicte una sentencia en juicio, es decir, sin que se haya determinado que el dueño es culpable de algún delito.
La ley indica que una vez que el Ministerio Público solicite el aseguramiento de bienes, estos quedarán fuera del alcance de su dueño por 4 meses antes de juicio, y que ese periodo se puede extender dos meses más si se solicita una prórroga; además, pueden quedar asegurados por todo el tiempo que dure el juicio.
Expertos señalan que con la nueva Ley, a un ciudadano le pueden quitar sus bienes hasta seis meses antes de que haya una demanda formal en tu contra, y los pueden vender antes de que concluya un juicio. El ministerio público puede pedir que se confisquen los bienes antes de que lo demanden de manera formal, sin que quede claro cuál es el delito que se persigue.
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