CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado una solicitud para realizar una consulta popular —que de inmediato fue remitida por la Cámara Alta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que analice su constitucionalidad—, en la que se pregunte a los ciudadanos si se debe o no juzgar a los últimos cinco expresidentes de México por probables actos de corrupción.
El Ejecutivo propone que la consulta sea el 6 de junio de 2021, el mismo día de las elecciones intermedias o, en su caso, en la fecha que establece el artículo 35 de la Constitución, que es el primer domingo de agosto de ese año.
En Palacio Nacional, acompañado del consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, López Obrador firmó la solicitud para enjuiciar a los expresidentes, en la cual, además de dar una exposición del porqué de su petición, formuló la pregunta de la consulta: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
El Presidente reconoció que hay lagunas legales para llevar a juicio a los exmandatarios, pero consideró necesario avanzar en el discernimiento de ese punto, sin estridencias, con responsabilidad, anteponiendo el predominio de la voluntad popular y el respeto irrestricto a la legalidad.
Argumentó que en el periodo de Salinas se entregaron a particulares los recursos públicos y creció la desigualdad; con Zedillo continuaron las privatizaciones, pero además le pasó a los mexicanos el rescate bancario del Fabaproa. De Fox señaló que intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral de 2006 para detener a López Obrador y se jactó de haber cargado los dados del proceso: “De esa forma, traicionó el mandato democrático”, dijo.
Sobre Calderón indicó que lanzó una estrategia militar para combatir el narcotráfico y no hizo nada ante los señalamientos de que Genaro García Luna era cómplice del narcotráfico.
“A la luz de la detención y enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón Hinojosa sólo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada”, advirtió.
De Peña precisó que el caso Odebrecht y las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, apuntan a la presunta complicidad del priista en los cuantiosos sobornos que se entregaron a legisladores del PAN para aprobar la reforma energética, así como la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.
Por ello, opinó que en términos legales debe esclarecerse la actuación de los cinco expresidentes, ya que se considera un tema de trascendencia nacional.
Recordó que desde que tomó posesión como mandatario de México, consciente de las implicaciones de juzgar penalmente a quienes encabezaron la Presidencia, propuso realizar una consulta como paso necesario para resolver este asunto.
“Si el pueblo da su aprobación, las instituciones responsables de desahogar las potenciales acusaciones tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad, si rechaza la propuesta, nadie podrá acusarlas de encubrir o solapar conductas ilegales”, indicó.
El Jefe del Ejecutivo federal aseguró que es constitucional la pregunta para solicitar la consulta, porque no contraviene la limitación establecida en el artículo 35 de que “no podrán ser objeto de consulta la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y las garantías para su protección”.
Dijo que la decisión la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se trata de un asunto político que ha venido planteando desde hace mucho, y sea cual sea el resultado respetará la voluntad del pueblo, insistió.
Reiteró la postura de que en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del por venir: “He dicho y reitero que yo votaría por no someter a los expresidentes a proceso; sin embargo, de realizarse la consulta, respetaré el fallo popular sea cual sea, porque en la democracia el pueblo decide y por convicción me he propuesto mandar obedeciendo.
“En otras palabras, nunca traicionaré la confianza del pueblo y no seré cómplice de la impunidad”, subrayó.
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